El vandalismo en Buenos Aires

A lo largo del año se registraron cerca de 500 causas por destrozos al patrimonio de la Ciudad. Comparado con el año anterior (2016) no descendió la cantidad de casos. Si bien existe una Ley con sanciones económicas y sociales, casi nunca se aplica. Distintas organizaciones mostraron su preocupación y pidieron una mesa de trabajo para el 2018. Advierten que no se castiga el vandalismo en Buenos Aires.

 

En 2013, los Legisladores porteños sancionaron la Ley 4.830. La misma fija que cualquier persona que dañe el patrimonio de la Ciudad de Buenos Aires podrá recibir multas de hasta siete millones de pesos, trabajo comunitario y presión de tres a cuatro años. De todas formas, los casos de vandalismo no han bajado desde ese año. En promedio se detectan unos 500 y le cuestan al Estado millones de pesos en reparaciones.

“La Justicia actúa pero a  veces cuesta encontrar a los responsables, quizás porque no hay elementos para identificarlos o porque los actos se cometen de noche y no se distinguen quiénes son. Es importante que en los casos que sí se pueden detectar se lleve adelante una demanda civil por resarcimientos pero también una demanda penal”, indica el procurador general Gabriel Astarloa al medio Clarín.

Según un informe realizado por la Ciudad de Buenos Aires hay barrios más afectado que otros. En primer lugar se encuentra San Nicolás, luego Flores, Monserrat y por último Balvanera. Siguiendo esta línea, la zona denominada “Casco Histórico” es la más afectada. Desde la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico son conscientes de esta situación. Por ese motivo decidieron que a partir de 2018 se vigile más esa área y se reconozca a los delincuentes para poder sancionarlos.

“La Ley 4.830 es muy nueva e implica varios pasos legales y distintas zonas, lo que dificulta las cosas. Aún estamos en proceso de ver cuál es la forma más efectiva para instrumentarla. A menos que los vándalos sean reincidentes, los pocos que se logran identificar, terminan con una probation y haciendo tareas comunitarias o reparando lo que rompieron”, explicó Cecilia Amil Matín, fiscal porteña.

Desde lo económico los resultados son claros. Durante el año 2017 la Ciudad de Buenos Aires tuvo que invertir más de cien millones de pesos para reparar o volver a poner en valor los elementos vandalizados. Si bien la Ley explica que las personas responsables de la acción deben pagar por los arreglos, en ningún caso se produce eso. Por lo tanto, el dinero termina saliendo del Estado porteño.  Varias ONG proteccionistas reclamaron por esta situación y piden que se llegue a una solución lo antes posible.

Los casos de vandalismo se mantienen estables desde la sanción de la Ley en 2013. Alrededor de 500 actos delictivos se comenten por año y en muy pocos casos se logra detectar y culpar a los agresores. Tanto desde el Estado como desde la Justicia buscan lograr mejorar el sistema para identificarlos pero parece una tarea difícil de realizar. Por el momento, la Ciudad se encarga de las refacciones y espera que no se repitan en el futuro.